Implicaciones del funcionamiento de la Justicia en la Economía

Implicaciones del funcionamiento de la Justicia en la Economía

En el pasado mes de julio se celebró en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo el curso, organizado por el Consejo General de Economistas, titulado “Implicaciones del funcionamiento de la Justicia en la Economía”, que durante tres días reunió a personalidades del mundo de la economía, de la judicatura, de la empresa y a diversos operadores del ámbito económico-jurídico, en cuya inauguración participó el Ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Actualmente nadie pone en duda que el funcionamiento eficiente del sistema judicial es un factor clave de la competitividad de la economía, jugando un papel relevante en el intercambio de bienes y servicios, en la contratación de trabajadores, en los índices de morosidad o, en general, en cualquiera de los determinantes del crecimiento económico.
Durante tres días, expertos en la materia analizaron el binomio economía-justicia y realizaron una serie de propuestas para mejorar la eficiencia del sistema judicial español.
Una de las propuestas más importantes que pusieron sobre la mesa es la necesidad de impulsar los sistemas alternativos de resolución de conflictos, tanto la mediación como el arbitraje. También que sería necesario intensificar la mediación intrajudicial. Debería considerarse y plantearse exigir la mediación en determinados procedimientos de forma previa obligatoria, como ocurre en países como Italia en el que las mediaciones han experimentado un importante crecimiento. También podría ser obligatorio un intento de mediación antes de litigar en áreas específicas, tales como comunidades de propietarios, arrendamientos y en sociedades. Deberían introducirse medidas que hicieran más atractivas para las empresas las soluciones alternativas al concurso y el concurso en sí mismo, entre las que destacan la necesidad de limitar los privilegios que mantienen los créditos públicos (Hacienda y Seguridad Social) –tal como ha propuesto en sucesivos informes el FMI–, así como facilitar la venta de unidades productivas para mantener el tejido empresarial español. Así mismo, es imprescindible replantearse la remuneración de la mediación, tanto en el ámbito mercantil como en el concursal, ya que se están produciendo numerosas renuncias de nombramientos de mediadores concursales por los bajos honorarios de estos operadores.