El TJUE declara que no es aplicable la Directiva de contratación pública a los servicios profesionales de arbitraje, mediación y representación procesal

El TJUE ha manifestado en la reciente sentencia de 6 de junio de 2019, asunto C-264/2018, que los servicios de arbitraje y mediación, así como los servicios de abogados en representación procesal están excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero, de Contratación Pública.

Considera el Tribunal que quedará excluida de la Directiva 2014/24/CE, de Contratación Pública [art. 10. d), incisos i) y ii)], la representación legal de un cliente por parte de un abogado en un procedimiento ante una instancia internacional de arbitraje o de conciliación, ante los órganos jurisdiccionales o las autoridades públicas de un Estado miembro o de un tercer país y ante los órganos jurisdiccionales o instituciones internacionales, así como también el asesoramiento jurídico prestado como preparación de dicho procedimiento o ante la eventualidad de este.

Lo justifica en el hecho de que estos servicios prestados por un abogado sólo se conciben en el marco de una relación intuitu personae entre abogado y cliente, marcada por la más estricta confidencialidad, lo cual dificulta la descripción de la calidad esperada de los servicios que deben prestarse. Todo ello sin olvidar que esa confidencialidad pretende además salvaguardar el pleno ejercicio del derecho de defensa, el cual se vería seriamente amenazado si el poder adjudicador tuviese que precisar y publicitar las condiciones de la adjudicación del contrato con su abogado.

En cuanto a los servicios jurídicos que participan del ejercicio del poder público [art. 10. d), inciso v)], aunque lo sean de modo ocasional, tampoco pueden considerarse incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2014/24/UE, dado que participan directa o indirectamente del ejercicio del poder público y de las funciones que tienen por objeto la salvaguarda de los intereses generales del Estado o de las demás colectividades públicas.

Fuente: LegalToday

Extracto de la Sentencia, de 6 de junio de 2019, C-264/2018

El litigio parte de una cuestión prejudicial planteada en relación con la exclusión, por la normativa belga que transpone las disposiciones de la Directiva 2014/24, de determinados servicios jurídicos de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos.

El TJUE considera que los árbitros y conciliadores deben siempre ser aceptados por todas las partes del litigio y se designan de común acuerdo por ellas. En consecuencia, un organismo público que inicie un procedimiento de adjudicación de contratos públicos para un servicio de arbitraje o de conciliación no puede imponer a la otra parte el adjudicatario de ese contrato como árbitro o conciliador común.

Habida cuenta de sus características objetivas, los servicios de arbitraje y conciliación, contemplados en ese artículo 10, letra c) de la Directiva 2014/24, no son por tanto comparables con los demás servicios incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva. De ello se desprende que el legislador de la Unión no ha vulnerado el principio de igualdad de trato al descartar, en el marco de su facultad de apreciación, los servicios contemplados en el artículo 10, letra c), de la Directiva 2014/24 del ámbito de aplicación de esta.

Asimismo, por lo que atañe a los servicios prestados por abogados, contemplados en el artículo 10, letra d), incisos i) y ii), de la Directiva, del considerando 25 de esa Directiva se desprende que el legislador de la Unión ha tenido en cuenta el hecho de que esos servicios jurídicos se prestan habitualmente por organismos o personas designados o seleccionados de una manera que no puede someterse a las normas de adjudicación de los contratos públicos en determinados Estados miembros, de tal modo que procedía excluir esos servicios jurídicos del ámbito de aplicación de la citada Directiva.

A este respecto, ha de señalarse que el artículo 10, letra d), incisos i) y ii), de la Directiva no excluye todos los servicios que puede prestar un abogado en beneficio de un poder adjudicador del ámbito de aplicación de la citada Directiva, sino únicamente la representación legal de su cliente en un procedimiento ante una instancia internacional de arbitraje o de conciliación, ante los órganos jurisdiccionales o las autoridades públicas de un Estado miembro o de un tercer país y ante los órganos jurisdiccionales o instituciones internacionales, así como también el asesoramiento jurídico prestado como preparación de dicho procedimiento o ante la eventualidad de este. Tales servicios prestados por un abogado solo se conciben en el marco de una relación intuitu personae entre el abogado y su cliente, marcada por la más estricta confidencialidad. Por un lado, esa relación intuitu personae entre el abogado y su cliente, caracterizada por la libre elección de su defensor y la relación de confianza que une al cliente con su abogado dificulta la descripción objetiva de la calidad esperada de los servicios que hayan de prestarse. Por otro lado, la confidencialidad de la relación entre el abogado y su cliente, cuyo objeto consiste en la salvaguarda del ejercicio de los derechos de la defensa de los justiciables y de la exigencia de que todo justiciable tenga la posibilidad de dirigirse con entera libertad a su abogado, podría verse amenazada por la obligación del poder adjudicador de precisar las condiciones de adjudicación de ese contrato y la publicidad que debe darse a tales condiciones.

De ello se desprende que, debido a sus características objetivas, los servicios contemplados en el artículo 10, letra d), incisos i) y ii), de la Directiva no son comparables a los demás servicios incluidos en el ámbito de aplicación. Habida cuenta de esa diferencia objetiva, el legislador de la Unión no vulnera el principio de igualdad de trato al excluirlos, en el marco de su facultad de apreciación, del ámbito de aplicación de la referida Directiva.

En conclusión, la sentencia declara que el examen de la cuestión prejudicial no ha puesto de manifiesto ningún elemento que pueda afectar a la validez de las disposiciones del artículo 10, letras c) y d), incisos i), ii) y v), de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, desde el punto de vista de los principios de igualdad de trato y de subsidiariedad, y de los artículos 49 TFUE y 56 TFUE.

(Vid. versión completa https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1560854820589&uri=CELEX:62018CJ0264)