I Congreso Internacional y V Congreso de Fapromed

La mediación constituye una técnica de resolución de conflictos acorde con los avances y cambios sociales fundamentados principalmente en una mayor conciencia personal y colectiva e incluso una mayor humanidad.El presente congreso ofrece la oportunidad de conocer la aplicación de la mediación en muy diferentes ámbitos, a través de la comunicación directa y de talleres basados en la experiencia del día a día. Igualmente ofrece un acercamiento personal a aquellos profesionales de la mediación que actualmente realizan sus tareas profesionales en este campo. Te dejamos el link donde puedes realizar la inscripción.

http://congresonacionaldemediacion.eu/?jjj=1567699698525&fbclid=IwAR07xxymswWqdt5-_Bk2I

 

Próximos eventos de interés

«Primer Encuentro profesional de mediadores familiares»

Tratará sobre ‘Acciones de Prevención indicada en violencia filio-parental», una problemática que cada vez resulta de más interés para los profesionales que trabajan en el área de resolución de conflictos. El encuentro tendrá lugar el 22 de junio en Madrid.

Más info: https://www.diariodemediacion.es/llega-el-i-encuentro-profesional-de-mediadores-familiares/

«Taller de Comunicación», impartido por Duke Duchscherer

Versará sobre las habilidades y procesos prácticos clave de la comunicación no violenta y de los círculos restaurativos. Duke es un formador certificado del Centro Internacional para la Comunicación No Violenta desde el año 2000. Dirige entrenamientos de reconciliación en muchas regiones de conflicto y post-conflicto del mundo y ha facilitado cientos de diálogos entre grupos y comunidades.

El TJUE declara que no es aplicable la Directiva de contratación pública a los servicios profesionales de arbitraje, mediación y representación procesal

El TJUE ha manifestado en la reciente sentencia de 6 de junio de 2019, asunto C-264/2018, que los servicios de arbitraje y mediación, así como los servicios de abogados en representación procesal están excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero, de Contratación Pública.

Considera el Tribunal que quedará excluida de la Directiva 2014/24/CE, de Contratación Pública [art. 10. d), incisos i) y ii)], la representación legal de un cliente por parte de un abogado en un procedimiento ante una instancia internacional de arbitraje o de conciliación, ante los órganos jurisdiccionales o las autoridades públicas de un Estado miembro o de un tercer país y ante los órganos jurisdiccionales o instituciones internacionales, así como también el asesoramiento jurídico prestado como preparación de dicho procedimiento o ante la eventualidad de este.

Lo justifica en el hecho de que estos servicios prestados por un abogado sólo se conciben en el marco de una relación intuitu personae entre abogado y cliente, marcada por la más estricta confidencialidad, lo cual dificulta la descripción de la calidad esperada de los servicios que deben prestarse. Todo ello sin olvidar que esa confidencialidad pretende además salvaguardar el pleno ejercicio del derecho de defensa, el cual se vería seriamente amenazado si el poder adjudicador tuviese que precisar y publicitar las condiciones de la adjudicación del contrato con su abogado.

En cuanto a los servicios jurídicos que participan del ejercicio del poder público [art. 10. d), inciso v)], aunque lo sean de modo ocasional, tampoco pueden considerarse incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2014/24/UE, dado que participan directa o indirectamente del ejercicio del poder público y de las funciones que tienen por objeto la salvaguarda de los intereses generales del Estado o de las demás colectividades públicas.

Fuente: LegalToday

Extracto de la Sentencia, de 6 de junio de 2019, C-264/2018

El litigio parte de una cuestión prejudicial planteada en relación con la exclusión, por la normativa belga que transpone las disposiciones de la Directiva 2014/24, de determinados servicios jurídicos de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos.

El TJUE considera que los árbitros y conciliadores deben siempre ser aceptados por todas las partes del litigio y se designan de común acuerdo por ellas. En consecuencia, un organismo público que inicie un procedimiento de adjudicación de contratos públicos para un servicio de arbitraje o de conciliación no puede imponer a la otra parte el adjudicatario de ese contrato como árbitro o conciliador común.

Habida cuenta de sus características objetivas, los servicios de arbitraje y conciliación, contemplados en ese artículo 10, letra c) de la Directiva 2014/24, no son por tanto comparables con los demás servicios incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva. De ello se desprende que el legislador de la Unión no ha vulnerado el principio de igualdad de trato al descartar, en el marco de su facultad de apreciación, los servicios contemplados en el artículo 10, letra c), de la Directiva 2014/24 del ámbito de aplicación de esta.

Asimismo, por lo que atañe a los servicios prestados por abogados, contemplados en el artículo 10, letra d), incisos i) y ii), de la Directiva, del considerando 25 de esa Directiva se desprende que el legislador de la Unión ha tenido en cuenta el hecho de que esos servicios jurídicos se prestan habitualmente por organismos o personas designados o seleccionados de una manera que no puede someterse a las normas de adjudicación de los contratos públicos en determinados Estados miembros, de tal modo que procedía excluir esos servicios jurídicos del ámbito de aplicación de la citada Directiva.

A este respecto, ha de señalarse que el artículo 10, letra d), incisos i) y ii), de la Directiva no excluye todos los servicios que puede prestar un abogado en beneficio de un poder adjudicador del ámbito de aplicación de la citada Directiva, sino únicamente la representación legal de su cliente en un procedimiento ante una instancia internacional de arbitraje o de conciliación, ante los órganos jurisdiccionales o las autoridades públicas de un Estado miembro o de un tercer país y ante los órganos jurisdiccionales o instituciones internacionales, así como también el asesoramiento jurídico prestado como preparación de dicho procedimiento o ante la eventualidad de este. Tales servicios prestados por un abogado solo se conciben en el marco de una relación intuitu personae entre el abogado y su cliente, marcada por la más estricta confidencialidad. Por un lado, esa relación intuitu personae entre el abogado y su cliente, caracterizada por la libre elección de su defensor y la relación de confianza que une al cliente con su abogado dificulta la descripción objetiva de la calidad esperada de los servicios que hayan de prestarse. Por otro lado, la confidencialidad de la relación entre el abogado y su cliente, cuyo objeto consiste en la salvaguarda del ejercicio de los derechos de la defensa de los justiciables y de la exigencia de que todo justiciable tenga la posibilidad de dirigirse con entera libertad a su abogado, podría verse amenazada por la obligación del poder adjudicador de precisar las condiciones de adjudicación de ese contrato y la publicidad que debe darse a tales condiciones.

De ello se desprende que, debido a sus características objetivas, los servicios contemplados en el artículo 10, letra d), incisos i) y ii), de la Directiva no son comparables a los demás servicios incluidos en el ámbito de aplicación. Habida cuenta de esa diferencia objetiva, el legislador de la Unión no vulnera el principio de igualdad de trato al excluirlos, en el marco de su facultad de apreciación, del ámbito de aplicación de la referida Directiva.

En conclusión, la sentencia declara que el examen de la cuestión prejudicial no ha puesto de manifiesto ningún elemento que pueda afectar a la validez de las disposiciones del artículo 10, letras c) y d), incisos i), ii) y v), de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, desde el punto de vista de los principios de igualdad de trato y de subsidiariedad, y de los artículos 49 TFUE y 56 TFUE.

(Vid. versión completa https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1560854820589&uri=CELEX:62018CJ0264)

FORO PARA LA MEDIACIÓN

Tras la Orden Ministerial JUS/57/19 de 22 enero por la que se crea el Foro para la Mediación el pasado día 23 de abril se constituyó formalmente el Foro para la Mediación.
Asistieron los 30 vocales que establece la Orden Ministerial y entre ellos una representante de IDM Noemí Córdoba, Secretaria de la Institución para la Difusión de la Mediación. También asistieron una representación de los colectivos de abogados, procuradores psicólogos y economistas.
Esta primera reunión fue presidida por el secretario técnico del Ministerio de Justicia, José Amérigo, se abordó el estado de la tramitación del Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación y se presentaron diferentes líneas de trabajo como objetivo del Foro.

III EDICIÓN DEL MOOT DE MEDIACIÓN Y NEGOCIACIÓN 2019

El pasado 20 de marzo se celebró en Madrid la III edición del Moot de Mediación y Negociación 2019 evento organizado por la Universidad Nebrija, Habitus e IDM.
Ha tenido esta edición nuevamente un gran éxito. Esta Edición se ha celebrado con la intervención de tres representantes de IDM, en la inauguración, semifinal y final.
En el acto de apertura, intervino D. Javier Garbayo en representación de IDM, quien con sus palabras alentó a seguir incentivando la cultura de la Mediacion.
DOCE fueron los equipos que compitieron demostrando cada vez más el interés y la profesionalidad de este método alternativo de resolución de conflictos, los profesionales que actuaron como mediadores enseñaron las distintas habilidades y técnicas a los jóvenes que se acercaron como mediados a participar con entusiasmo de dar un buen resultado por equipos. Entre los profesionales de la mediación que intervinieron en la competición participó Dª Beatriz Ayllón Caro, en representación de IDM quedando su equipo en muy buen lugar dentro de la competición.
Al finalizar el acto y una vez entregados los premios a los ganadores, Doña Ana Criado Inchauspe, en representación de IDM clausuró el acto dedicando unas palabras a todos los asistentes, felicitando a todos los participantes por trabajar en la difusión y divulgación de la mediación.

CREACION FORO PARA LA MEDIACION

Os informamos que Por Orden JUS/57/2019, de 22 de enero, se creó el Foro para la Mediación como órgano colegiado de grupo de trabajo con el objetivo de institucionalizar la colaboración y diálogo en todo lo relacionado con la Mediación entre el Ministerio de Justicia y la sociedad civil.

Por orden comunicada de la Ministra de Justicia de fecha 4 de abril, se establece la formación de este Foro, que estará compuesto por representantes del Consejo General del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia, de Corporaciones Profesionales de Derecho Público con servicios de Mediación y Asociaciones o Federaciones de la Sociedad Civil. Es en este último ámbito donde IDM va a tener un representante que participará en el Foro como una de las instituciones dedicadas a la divulgación y difusión de la Mediación.

Esta noticia, aumenta el avance en las expectativas de una realidad más amplia para la actividad profesional de los mediadores, en beneficio de los ciudadanos.

EL CGPJ AVALA EL ANTEPROYECTO DE LEY DE IMPULSO A LA MEDIACIÓN PERO RECLAMA MEDIDAS QUE GARANTICEN UNA IMPLICACIÓN “REAL Y EFECTIVA” PARA SU IMPLANTACIÓN

Jueves, 28 de marzo de 2019.

Autor: Comunicación Poder Judicial.

El CGPJ avala el anteproyecto de ley de impulso a la mediación pero reclama medidas que garanticen una implicación “real y efectiva” para su implantación.
Recomienda llevar a cabo una regulación “integral y con mayor profundidad” de la mediación, más allá de la aprobación de medidas incentivadoras. Propone que la mediación se convierta en un servicio público, de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión y del Parlamento Europeo
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado un informe favorable al Anteproyecto de Ley de impulso a la mediación, elaborado por la Secretaría de Estado de Justicia. El dictamen hace una valoración general positiva del texto, pero incide en la necesidad de ir más allá del estricto planteamiento normativo y de aprobar medidas que garanticen una “implicación real, efectiva y coordinada de las instituciones responsables de la mediación y un mayor compromiso” tanto de los jueces y magistrados como de las administraciones competentes en la materia. En definitiva, reclama “políticas públicas capaces de crear un sistema que garantice el acceso de los ciudadanos a la justicia”. Han sido ponentes del informe los vocales Álvaro Cuesta, Concepción Sáez, Pilar Sepúlveda y Rafael Mozo.
Mediante la reforma de leyes sustantivas y procesales (Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles y Ley de asistencia jurídica gratuita), el anteproyecto de ley establece, entre otras medidas, la obligada asistencia de las partes en conflicto a una sesión informativa sobre la mediación, cuyo alcance y consecuencias regula; establece también medidas referidas a los incentivos económicos de la mediación, a su relación con el derecho a acceder a la justicia, a la confidencialidad y calidad de la mediación. La norma afecta únicamente a los procesos de los órdenes civil y mercantil.
El anteproyecto supone un avance en el cumplimiento de la Directiva 2008/52/CE, de agosto de 2016, y de los objetivos que, sobre la implantación de la mediación, han marcado tanto la Comisión como el Parlamento Europeo. En este ámbito, afirma el dictamen, es donde se encuentra la razón de ser del anteproyecto, que entiende la mediación no tanto como un instrumento concebido para aligerar la carga de trabajo de los tribunales sino como una herramienta que, siendo capaz de producir ese efecto, debe considerarse esencialmente como “un medio capaz de propiciar la tutela de los derechos e intereses legítimos”. La consecución de esta tutela, añade el informe, está directamente relacionada con la “calidad de la mediación”.
Si bien la valoración general que el informe hace sobre el anteproyecto es positiva, el CGPJ realiza una serie de consideraciones que inciden en la necesidad de plantear medidas de impulso a la mediación que vayan más allá del ámbito estrictamente normativo. Tal y como el órgano de gobierno de los jueces señaló en el documento “Diez realidades-Diez propuestas” presentado el pasado mes de enero, el impulso a la mediación requiere “políticas públicas” capaces de crear un sistema que garantice el acceso del ciudadano a la justicia y que cuente con la “implicación real, efectiva y coordinada” de las instituciones responsables de la mediación y también “un mayor compromiso tanto de los miembros de la Carrera Judicial como de las administraciones competentes”.
Sería conveniente, concluye el dictamen, “acometer una regulación integral y con mayor profundidad” de la mediación, más allá de reformas puntuales dirigidas sólo a incentivar el uso de esta herramienta.
Respetuoso con los derechos fundamentales
El informe del CGPJ analiza el anteproyecto desde el prisma de la compatibilidad entre la mediación obligatoria “mitigada” que en él se establece y los derechos a la tutela judicial efectiva y de acceso a la jurisdicción, amparados por la Constitución (art. 24) y por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (art. 47).
En lo que respecta al art. 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, el órgano de gobierno de los jueces concluye que el anteproyecto se encuentra dentro de los márgenes que configuran los estándares de protección derivados del citado precepto y que satisface también los principios de equivalencia y efectividad.
Asimismo, afirma que la mediación obligatoria “mitigada” no vulnera el art. 24.1 de la Constitución porque la obligatoriedad prevista en el articulado no excluye que la decisión última de acudir a esta vía se adopte de forma voluntaria por las partes ni tampoco impide la intervención judicial. La mediación obligatoria “mitigada”, explica el dictamen, “no empaña la voluntariedad que caracteriza a este instrumento de solución extrajudicial de conflictos, ni desplaza la intervención judicial (…) permaneciendo incólume la plenitud del ejercicio de la función jurisdiccional”.
El órgano de gobierno de los jueces plantea la posibilidad de ampliar el ámbito de aplicación de la mediación obligatoria con el fin de mejorar su funcionalidad, y ello sin exceder del marco de los estándares de protección de los derechos fundamentales antes citados. Se trataría bien de incluir otras materias y procedimientos de naturaleza ejecutiva bien de proyectar la obligatoriedad hacia estadios más avanzados del procedimiento de mediación, no limitándola a la participación en sesiones informativas. Asimismo, expresa la conveniencia de extenderla mediación a la fase de ejecución de todos los procedimientos judiciales.
La mediación como servicio público
Finalmente, en consonancia con las recomendaciones tanto del Parlamento Europeo como del Parlamento español, el CGPJ afirma que la reforma podría ser una oportunidad para diseñar un Servicio Público de Mediación, es decir, una especie de administración pública de apoyo, coordinación y prestación de servicios en favor de la mediación que garantizara en todo el territorio nacional el acceso a la mediación en igualdad de condiciones y oportunidades.
Por ello, considera necesaria una formación de calidad en mediación que se haga extensiva no sólo a los planes formativos de los grados universitarios que se considere oportuno sino también a todos los ciclos formativos. Asimismo, entiende que debería incluirse en los temarios de las oposiciones, especialmente las de la Administración de Justicia.
Con el fin de dotar de efectividad “lo más pronto posible” al conjunto de medidas recogidas en el anteproyecto, el dictamen expresa la conveniencia de reducir la vacatio legis de los tres años previstos a seis meses. Señala, en este sentido, que debería contemplarse un plazo de tiempo proporcionado a las verdaderas necesidades para la implantación del sistema, acaso con una mayor implicación de todas las administraciones.
El órgano de gobierno de los jueces valora también de modo positivo que el anteproyecto se muestre “sensible” a las demandas de los sectores y agentes de mediación y recoja en su articulado las reivindicaciones más relevantes con el objetivo de impulsar este sistema de resolución de litigios.
El informe ha sido aprobado con el voto a favor de diez de los dieciocho vocales presentes en el momento de la votación. Entre los ocho discrepantes, han anunciado voto particular Rafael Fernández Valverde, Roser Bach Fabregó, Enrique Lucas Murillo de la Cueva y Vicente Guilarte Gutiérrez.

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-avala-el-anteproyecto-de-ley-de-impulso-a-la-mediacion-pero-reclama-medidas-que-garanticen-una-implicacion–real-y-efectiva–para-su-implantación

MOOT INTERNACIONAL DE NEGOCIACIÓN Y MEDIACIÓN CIVIL Y MERCANTIL

MOOT INTERNACIONAL DE NEGOCIACIÓN Y MEDIACIÓN CIVIL Y MERCANTIL

Madrid, del 20 al 23 de marzo 2019

Oportunidad de participación

Podrás mediar o evaluar y dar feedback a los participantes.

Asistirás a una conferencia puntera sobre las nuevas formas de gestión de conflictos en la empresa.

Estarás en contacto con profesionales del sector y empresas usuarias de las herramientas de gestión del conflicto.

Puedes inscribirte el la siguiente pagina.- https://www.mootnegociacionymediacion.com/profesionales

Desde el Comité Organizador del MOOT Negociación y Medicación Madrid queremos invitarte a esta 3ª Edición del Moot Internacional de Negociación y Mediación Civil y Mercantil.

Soluciones colaborativas para el nuevo contexto empresarial.

Este año la temática va dirigida a las startups y a las empresas que se han convertido en ágiles o que están en proceso de hacerlo. En esta edición no sólo participan los despachos y prestadores de servicios de resolución colaborativa de conflictos, sino también empresas punteras en sus respectivos sectores por su capacidad de adaptación al nuevo contexto empresarial.

Los organizadores del Moot, Habitus Incorporated, la Universidad Nebrija e Instituciones para la Difusión de la Mediación, queremos destacar el papel fundamental de los profesionales durante la competición.

Los profesionales modelan y dan su feedback durante las sesiones. La labor pedagógica es uno de los aspectos más importantes de esta iniciativa.

Como ejemplo, os dejamos unas líneas escritas por los ganadores de la edición anterior.

«[…] resulta extraordinaria la cantidad de herramientas técnicas adquiridas durante la semana del evento. La oportuna, y sí se nos permite agregar, bastante especializada retroalimentación de cada uno de los jueces y personas que se encontraban a nuestra disposición, lo hacen un evento único para entrar en contacto con aquellos que han desempeñado de manera magistral su trabajo como mediadores y que gracias a su experiencia se convierten en tutores ideales de los cuales pudimos absorber el conocimiento que por años ellos han construido y perfeccionado. Y si bien, resultó ser bastante retador en las exigencias académicas, el conocimiento adquirido superó con creces todas nuestras expectativas, reafirmando así nuestro interés en este tema. […]”

ANTEPROYECTO DE LEY DE IMPULSO A LA MEDIACION

Anteproyecto de Ley de impulso de la mediación

​El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Justicia, ha aprobado el pasado 11 de enero, un Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación. Con esta nueva norma se pretende la implantación definitiva de la mediación como figura complementaria de la Administración de Justicia para la resolución extrajudicial de conflictos en los ámbitos civil y mercantil de una forma más ágil y con un menor coste económico y personal para las partes. El impulso de la mediación busca también descongestionar la carga de trabajo de los juzgados y acortar así los tiempos de respuesta de la Justicia.
La nueva regulación supera el modelo de mediación actualmente vigente basado en su carácter exclusivamente voluntario por el denominado de ‘obligatoriedad mitigada’ que obliga a los litigantes a asistir a una sesión informativa y exploratoria en los seis meses previos a la interposición de la demanda en un número tasado de materias. Esta sesión será conducida por un mediador y estará dirigida a explorar tanto el asunto objeto de controversia como el posicionamiento inicial de las partes, que recibirán información clara y precisa del procedimiento, de la dinámica de trabajo que se seguirá en caso de que finalmente se acuerde continuar la mediación y de sus beneficios frente a la vía judicial en cuanto a ahorro de tiempo y costes. En la mediación no se requiere abogado ni procurador y el coste económico de recurrir a un mediador se estima muy inferior al que incurrirían las partes si optaran por la vía judicial.
La obligación de intentar la mediación se extiende a los casos civiles más comunes, como pequeñas reclamaciones de cantidad, herencias o asuntos de familia.
Se establece también una mediación intrajudicial que tendrá lugar cuando el juez o tribunal, una vez analizado el caso, considere que una forma alternativa al juicio puede resultar más satisfactoria para las partes, siempre que no se hubiera producido un intento de mediación con carácter previo al inicio del proceso. Se opta por no suspender el curso del proceso judicial.
Para actuar como mediador será necesaria la inscripción en el Registro de Mediadores e Institución de Mediación dependiente del Ministerio de Justicia o en los registros habilitados a tal fin por las comunidades autónomas. Se apuesta por una mejor cualificación profesional del mediador en el ámbito del Derecho de familia al que se exigirá formación en igualdad y detección de violencia de género, de forma que, si iniciado el procedimiento observa indicios de delito de violencia de género, ponga fin al mismo. En el plazo de un año desde la publicación de la ley se prevé la modificación de los planes formativos del grado en Derecho así como de otros grados afines para incluir la asignatura de mediación como obligatoria.
El Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación introduce reformas en tres normas: la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, para incorporar la mediación entre sus servicios. Entrará en vigor a los tres años de su publicación en el Boletín Oficial del Estado para asegurar un margen temporal suficiente para la adaptación reglamentaria y fomentar la presencia de mediadores en todos los partidos judiciales.